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NOTICIAS INMOBILIARIAS


La morosidad en condominios está generando violencia entre juntas y vecinos


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En conjuntos residenciales de Cabudare, Valencia, Mérida; en sectores de Caracas como La Urbina o la avenida Baralt, la situación es similar. La morosidad por los altos costos de mantenimiento es la principal dificultad de los condominios, que suman 120.000 en todo el país regidos por la propiedad horizontal, según el más reciente censo de la Cámara Inmobiliaria.

El costo de las trabajadoras residenciales (personal de conserjería) y el “presidente eterno” de las juntas son los otros dos problemas más frecuentes con los que deben lidiar las comunidades y por las cuales acuden a la autoridad municipal o condominial, para encontrar soluciones de convivencia.

“El retraso en el pago de las altas cuotas se ha convertido en la primera causa de consulta técnica, y por la que piden más ayuda”, dijo Elías Santana, director ejecutivo de Mi Condominio.com, ONG que presta asesoría legal y enseña cómo lograr mediante talleres la gobernabilidad en las residencias. Una de las inquietudes más frecuentes de los representantes vecinales es qué hacer con las personas que se niegan a pagar porque viven un evento inesperado como desempleo o enfermedad, y cómo cobrarle a los morosos en rebeldía, los que no cancelan el aporte mensual como protesta contra la relación de gastos y el horario de la conserjería. “Recomendamos demandar y también proponemos salidas más creativas, según el caso”. Pero muchos de estos terminan en serios conflictos.

En el municipio Sucre, por ejemplo, el director de la Oficina de Justicia Municipal, Fernando Hernández, ha atendido 10 quejas fuertes en lo que va de año, la mayoría con agresiones verbales y también físicas, inclusive con armas de fuego. Una constante es el alto costo del condominio, agravado desde que Hidrocapital comenzó el racionamiento de agua hace 2 años, y la consiguiente morosidad. “El conflicto entre vecinos y juntas de condominio por el problema del pago de altas sumas de dinero se ha agudizado desde 2014. Los cortes y llegadas de agua han ocasionado daños en las bombas y tuberías, que están envejecidas, y también en los apartamentos. Una bomba de agua cuesta alrededor de 1 millón de bolívares y la junta de condominio no la puede comprar porque muchos propietarios o no pueden pagar las cuotas, porque no tienen suficientes ingresos, están desempleados o fuera del país. Esto ocurre en la urbanización Miranda, Colinas de Los Ruices, Los Chorros o Sebucán. Entonces no hay agua y se le echa la culpa a quien no la tiene”, expresó Hernández, que fue por 20 años juez de paz del municipio.

Las solicitudes de orientación ante problemas de condominio provienen de todos los sectores de Caracas y de las ciudades más pobladas del país, y van en aumento. “Recibimos más de 40 comunicaciones semanales a través de nuestras plataformas. A veces desean que por Twitter, en 140 caracteres, les resolvamos el problema”, dijo Tibaire Altuve, abogada laboral y asesora de talleres de Mi Condominio.com.

Un tema complejo. Cómo pagar a las trabajadoras residenciales –antes llamadas conserjes– y cómo terminar su relación laboral se han convertido en un dolor de cabeza en los pequeños condominios de la capital. Los recurrentes aumentos presidenciales, la inamovilidad impuesta desde 2012 y la rigidez de la Ley Orgánica del Trabajo obligaron a una pequeña vecindad en El Cafetal a buscar ayuda. Es un edificio de 20 apartamentos donde lo recaudado por condominio no alcanza para pagarle el sueldo y muchos de los ocupantes son jubilados o de la tercera edad.

“Cuando no se le puede proveer a la conserje su sustento hay que flexibilizar la relación laboral, llegar a acuerdos de horarios”, aconseja Altuve, que ha asesorado en varios casos.

Otras juntas de condominio han pedido ayuda para despedir al personal. “Les recomendamos a las partes que se sienten a negociar. Esas trabajadoras no pueden ser despedidas porque lo impide la inamovilidad. Además, 95% de los casos en las inspectorías del Trabajo no avanzan o son improcedentes por tratarse de empleados”, explica Altuve. También sugiere a los vecinos apelar a la condición de pobreza, que no es una causa imputable a las partes. “Generalmente se solicita verificar mediante un escrito esa condición con una trabajadora social para que se permita terminar la relación laboral”.

Las trabajadoras residenciales también se quejan de que deben prender la bomba de agua o sacar a alguien que quedó atrapado en el ascensor, fuera de su horario de trabajo, y buscan orientación. “Terminan por comprender que la ley especial que rige el trabajo del personal residencial no es una solución porque los vecinos terminan rechazando su trabajo. Negar el derecho de socorro a una persona en estado de necesidad es un delito tipificado en el Código Penal; el Reglamento de la Ley del Trabajo obliga a prestar servicio con ánimo de colaborar. Y además aceptan las condiciones para conservar la vivienda que ocupan porque ya no se puede alquilar”.

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Para ser autosustentable

"* Contratar empresas de multitextos que envían al celular un mensaje para recordar el pago puntual

* Colocar en la cartelera la lista de los buenos pagadores –no de los maulas– para exaltar la puntualidad

* Hacer rifas inclusive a propósito de fechas festivas: por ejemplo, el Día de la Madre hacer una rifa para las madres que paguen oportunamente

* Alquilar paredes del edificio para las vallas publicitarias o salones de fiesta para actividades comunitarias o educativas

* Acordar con empresas de reciclaje la venta de botellas y latas colocadas en los receptáculos

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Fecha: 12/03/17

Fuente: http://www.el-nacional.com/

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